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Opinión - Una ley defectuosa

OPINIÓN

UNA LEY DEFECTUOSA Cuando a finales del año 2004 era aprobada la Ley contra la Violencia de Género -tan aplaudida y vitoreada por las huestes feministas- y celebrada por todos aquellos que consideramos a la violencia como un método a desterrar de la sociedad, a algunos, leyendo detenidamente dicha ley, nos entró un sudor frío y no precisamente por el título de la misma -engañoso y falso al hacer un mal uso de la lengua por desconocimiento de la misma y por motivos ideológicos evidentemente- sino porque se vulneraba un principio constitucional elemental: la igual de todos ante la ley. Si la denuncia la realiza una persona del género femenino es el denunciado el que tiene que probar que no ha cometido el delito y, mientras tanto, detención del presunto agresor, sin llegar a practicar las diligencias mínimas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la participación en él de la persona denunciada. A diferencia de cualquier otro delito o infracción penal donde se lleva a cabo una auténtica “instrucción policial” con numerosas diligencias (declaraciones de vecinos, tasaciones periciales, exploración de menores, inspección ocular, registro de antecedentes penales…), en los supuestos de violencia en el ámbito familiar y, en concreto, la ejercida sobre la mujer que es o ha sido esposa o pareja del denunciado, la instrucción en el terreno policial resulta mínima en muchas ocasiones, y siguiendo un protocolo de actuación se procede, casi de inmediato y en muchas ocasiones, sin valorar las diligencias practicadas, a la detención del presunto agresor, obviando los criterios y presupuestos previstos en nuestra normativa procesal penal para llevar a cabo la detención y, fundamentalmente, olvidando que la detención no es la única medida para la protección de la victima, sino que constituye una medida cautelar que debe adoptarse como última solución cuando la peligrosidad o violencia del autor de los hechos así lo aconsejen. En caso de que sea el hombre quien denuncie a la mujer, es él también el que tiene que probar los hechos denunciados. Como se ve y se ha dicho al inicio del artículo, la desigualdad es total en perjuicio del género masculino. Sin restar importancia a esa lacra que supone el ejercer violencia en la pareja, lo cierto es que existe una desigualdad de trato entre hombres y mujeres a la hora de enfrentarse a una denuncia por malos tratos o violencia doméstica; circunstancia esta aprovechada algunas veces como coacción a fin de conseguir otros fines de índole particular. Ahora es más noticia, si cabe, la susodicha ley por encontrarse en esta situación el que fue ministro de Justicia con Zapatero Juan Fernando López Aguilar, quien en su día presumió de haber dado un vuelco en la ley, en un auténtico quiebro a la Constitución y un guiño exagerado al feminismo exacerbado que tanto milita en sus filas. Independientemente de la aplicación de la presunción de inocencia a que todos tienen derecho, a veces es bueno comprobar en las propias carnes las decisiones que adoptamos para los demás, en el caso de ser una denuncia falsa. La cuestión, como en este caso, es que no todos podemos tener los mismos derechos. El Sr. López Aguilar, con la viveza que caracteriza a muchos políticos, no ha renunciado al acta de eurodiputado porque su escaño es la garantía de su aforamiento y de que, en todo caso, será juzgado por el Tribunal Supremo y no por el juez de uno de esos juzgados que fueron creados exprofeso para aplicar una ley que no ha resultado determinante contra la violencia. Esa es una prerrogativa que no tienen los comunes de los mortales.

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