Opinión - Presente imperfecto

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PRESENTE IMPERFECTO Una sensación de impunidad generalizada se percibe en el actual sistema que hace que parezca ineficaz e incapaz para poder resolver los múltiples problemas que diariamente se presentan y que son aireados desde diferentes focos y con múltiples exponentes. Desde la destrucción del tejido laboral, por cuya integridad los poderes públicos están obligados a velar, a los negocios tramposos e indecentes que se han permitido, no solamente desde el ámbito de lo privado, sino que se ha colaborado en arreglos artificiales y operaciones amañadas con dinero público; actuando los responsables de algunas consejerías o ámbitos superiores como despachos de influencia y negocios, cuando no utilizando a comisionistas del partido correspondiente para que actuasen como desaprensivos comerciales. Toda una trama ventajista apoyada desde la información privilegiada y del soporte político, muchas veces con la complicidad deshonesta de pequeños mandatarios provinciales o locales, garantizándose un beneficio clientelar para futuras operaciones. Si a todo ello se suma la creciente sospecha del administrado sobre el funcionamiento de la justicia, obtenemos esa mezcla de desencanto e indiferencia que poco a poco se va adueñando del sentimiento social. La justicia está resultando excesivamente lenta y consiguientemente ineficaz, cuando su lentitud debería tener un límite, porque con el vigente principio de la presunción de inocencia y la posible realidad de la cárcel en juego, la indolencia de una justicia lenta no debería convertirse en la amenaza añadida de un sistema inoperante, que además se nos muestra en repetidas ocasiones con una velocidad y una intensidad variables dependiendo de las circunstancias. En toda sociedad las apariencias son una parte fundamental para la acreditación de la dignidad del estamento, y con demasiada frecuencia se perciben clamorosos vaivenes en las derivas de muchas sentencias de mismo motivo y con diferentes resultados; muchas de las cuales se ajustan milimétricamente a la raya que demarca a sus magistrados en función del partido que propuso su nombramiento, por lo que no resulta creíble la independencia que debe ostentar el poder judicial para distinguirlo del ejecutivo. Por si la desconfianza en las instituciones no fuera un hecho generalizado, ahora asistimos también a la sospecha de que en algunos casos las propias fuerzas de seguridad son motivo de dudas por su implicación en operaciones de corrupción. Recientemente se ha hecho público que la juez de Lugo que instruye el sumario por el fraude en la concesión de subvenciones públicas en Galicia, Estela San José, desconfía de la policía y la Guardia Civil, cuyos principales mandos están imputados por su presunta implicación en la Operación Carioca, una gigantesca trama de corrupción vinculada a la prostitución en las que supuestamente participaban decenas de policías nacionales, guardias civiles y agentes locales. Con este panorama no es de extrañar el desencanto y la indignación que se está instalando en la sociedad, por eso es necesario una gran modificación en normas y leyes que contribuyan a la regeneración política, judicial, económica y social del país o estaremos abocados a las penurias y al fracaso colectivo en un futuro muy cercano.

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