Opinión - Olor a rancio

OPINIÓN

Propia

OLOR A RANCIO Soy de los que creen en la salubridad de la indignación, sobre todo como expresión en situaciones manifiestamente injustas, y como efecto curativo ante el desafío que supone enfrentarse generalmente ante poderes que se nos antoja inalcanzables, bien por su estrato político, económico o, por qué no, judicial. De un tiempo a esta parte una muchedumbre campea por calles y plazas con las características propias de estar indignados –o algo más-, y aunque las formas, en algunos casos, se asemejen a las practicadas por ese grupo emergente y diluido tan rápidamente –casualmente en el tempo que abarcaba entre el periodo del inicio de las elecciones generales y su final- con otras formas y otros eslóganes diferentes. Dos acontecimientos han sido la espoleta para que grupos organizados se manifiesten constantemente en lo que ellos consideran situaciones injustas. Por un lado los tres juicios abiertos contra el conocido juez estrella Baltasar Garzón, y por otro la congelación del salario de los funcionarios y la adecuación de horarios y actividades para un sector de éstos. En el primer caso, pretenden la impunidad del magistrado por el simple hecho de serlo, obviando aquello de lo que se le acusa, y no queriendo reconocer que si ha llegado al juicio es porque los tribunales han visto que hay materia para juzgarle. No conformes con eso, llaman miserables, canallas, fascistas y prevaricadores a todos los jueces que desde el Supremo o el Consejo General del Poder Judicial ponen simplemente en duda las muy dudosas prácticas del juez. Descontando a los clásicos subvencionados que también luchan, con su presencia, por seguir manteniendo su status económico, dentro de ese grupo ambiguo y a veces poco demostrable de “intelectuales y artistas”, lo verdaderamente bochornoso es encontrarnos con representantes políticos poniendo en duda y en jaque a la justicia; políticos elegidos no solamente para defender sus planteamientos de grupo, sino y sobre todo, para defender el orden constitucional, alegremente olvidado en sus agrias manifestaciones. El Tribunal Supremo está hoy sometido a fuego cruzado por los amigos de ese juez capaz de viajar con el dinero del banco al que luego juzga. El resultado final resulta de una ridiculez grotesca. En el segundo caso, los indignados no son aquellos que han perdido su trabajo y tienen serias dificultades para encontrar uno nuevo a corto plazo. No son personas sujetas a los vaivenes de los mercados que hacen que una empresa privada pueda ampliar una plantilla o tener que desprenderse de ella; que todos los días tienen que estar examinándose ante sus superiores para demostrar que sigue siendo útiles, frente a quien solo se ha examinado una vez para conseguir su puesto. El ser funcionario ya no es, a estas alturas, una vocación de servicio, es más un seguro a todo riesgo y poco solidario. Resulta lamentable la tergiversación que algunos enseñantes están haciendo de las medidas que se están tomando. Sin despreciar los recortes económicos que se producen como consecuencia de la gravísima situación del país, afectando en alguna medida a la calidad de la enseñanza, no es menos cierto que por otra –y ahí es donde más duele- se intenta paliar en alguna medida con otras que supongan más implicación y dedicación de los profesores con sus alumnos. A casi ninguno de estos manifestantes se les ha oído protestar por la baja calidad de la enseñanza y del grado de aptitud general del educando. Se indignan por el recorte de sus sueldos, pero nada dicen de aquellos que no tienen ninguno. Todo muy rancio.

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