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Opinión - Entre cándidos y manipuladores

OPINIÓN

13 AÑOS DESPUÉS. En el año 2001, con el consenso mayoritario del 85% de los miembros del Consejo Nacional del Agua, se aprobó el Plan Hidrológico Nacional que debería trasvasar agua desde la desembocadura del rio Ebro a todo el Levante Español. Un Plan financiado con fondos aportados en gran medida por la Unión Europea y que suponía acabar con el déficit hídrico de provincias como Guadalajara, Alicante, Murcia y Almería, reduciendo la cantidad de agua que se hubiera tenido que trasvasar desde la cabecera del rio Tajo; además de importantes inversiones y la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. En abril del año 2005 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de modificación de la Ley del citado Plan y, consecuentemente, la derogación del trasvase del Ebro. El texto contó con 188 votos a favor, 135 en contra y 3 abstenciones. La explicación de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, fue que esto “Era un primer paso importante para la reorientación de la política del agua”. Hay que recordar que el Plan Hidrológico era respetuoso con todos los intereses de las provincias por donde transcurre el Ebro, porque se garantizaba que sólo se trasvasaría el agua excedentaria de la cuenca del Ebro, en su desembocadura y justo antes de ser vertida al mar; con la excepción de la ejecución de una tubería de conducción de agua desde el Ebro a la ciudad de Barcelona y su área metropolitana para consumo doméstico. Suponía la culminación de un proyecto histórico diseñado fundamentalmente para lograr un equilibrio hídrico entre la España húmeda y la seca. También es necesario recordar que Zapatero necesitaba para su Investidura como Presidente el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, su entonces socio en el gobierno catalán; y que se derogó el Plan, pero no la obra que afectaba a sus socios catalanes, llevando a cabo con carácter de urgencia y en tiempo record la tubería de conducción. Este año, una vez más, por falta de un plan hidrológico del Ebro y unas normativas medioambientales erráticas, al igual que ocurrió en el año 2013 y 2015, se reproduce una cadena de inundaciones en los pueblos ribereños, excepto en Cataluña, porque el embalse de Mequinenza neutraliza las riadas y evita que alcance al tramo catalán. El resultado de aquella decisión política, apoyada por los partidos PSOE, ERC e IpC-Verds ha demostrado, años después, que su anunciado compromiso en la gestión del Ebro no daba respuesta a los problemas que se siguen presentando, y por otra parte, las sequías siguen asolando al Levante y las desaladoras prometidas solo fueron realizadas cuatro y con unos costos y resultados descorazonadores. Ahora nos encontramos, como en otras ocasiones, con unos daños multimillonarios, tanto en el sector agrícola como de infraestructuras, por lo que el Estado tendrá que sufragar las pérdidas ocasionadas con la contribución de todos los ciudadanos. De aquellas palabras de la ministra aún resuenan en la memoria de los agricultores de la España seca que ve pasar en tromba el agua hacia el mar.

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