El dardo - Un año para olvidar y un ...

ELDARDO

FEEDERICO QUEVEDO

Mal año este que acaba. En términos comparativos, probablemente uno de los peores, sino el peor, desde la Transición, pero eso es lógico teniendo en cuenta que también tenemos el peor Gobierno y el peor presidente de la democracia. Del año que acaba seguro que en el terreno personal muchos de ustedes tendrán motivos para sentirse satisfechos, y desde luego conservar un puesto de trabajo es una razón de peso para sentirse bien. Pero en el terreno colectivo las cosas son bien distintas porque sin duda vivimos una crisis sin precedentes que alcanza casi todos los terrenos de nuestra convivencia. Vivimos una crisis económica de una intensidad difícilmente comparable a la de otras crisis anteriores. Hemos llegado a final de año con una cifra que supera los cuatro millones y medio de parados, un déficit y una deuda pública que se han disparado en pocos meses, una crisis financiera sin precedentes de la que todavía nos queda mucho por ver, y muy pocas perspectivas de recuperación a pesar de lo que diga Rodríguez y de los anuncios que haga. Sólo cabe recordar que hace ahora un año ya pronosticaba la salida de la crisis para final de este ejercicio. ¿Qué credibilidad puede tener quien tanto ha mentido y negado la realidad? Vivimos una crisis política evidente, no por nada la política ha pasado a ocupar el tercer puesto en las preocupaciones de los ciudadanos, algo lógico después de haber comprobado como la corrupción de los cargos públicos se ha consolidado como un problema prácticamente enquistado en nuestra clase política que, a su vez, se ha convertido en una casta instalada en las distintas formas de poder. Un modo de gobernar fundamentado en la revancha y la provocación constante ha contribuido, sin lugar a dudas, a incrementar el grado de desafección de la ciudadanía hacia la clase política. Vivimos una crisis institucional cuyo máximo exponente es la incapacidad del Tribunal Constitucional para dictar una sentencia sobre el Estatut, una crisis que se extiende al resto de la judicatura y que se evidencia en el sometimiento de estas instituciones a la arbitrariedad del poder político. Sin duda este sometimiento de las instituciones a la arbitrariedad gubernamental ha tenido su máxima expresión en el modo en que desde distintos frentes se ha sometido al principal partido de la oposición a un acoso sin precedentes en un Estado democrático, acoso orquestado y dirigido por el Gobierno. Vivimos una crisis social en la medida que, si me permiten decirlo así, hemos ido dando la espalda a valores propios de nuestra civilización como la vida o la libertad y permitido que se convierta en derecho la muerte provocada o que el Estado controle nuestras vidas hasta límites insospechados en interfiera en el terreno de lo personal hasta llegar a decidir sobre nuestras creencias, como ha ocurrido con la amenaza de retirada de los crucifijos de todos los colegios. La amenaza constante hacia la religión empieza a suponer un serio problema de convivencia, buscado y provocado por un Gobierno siempre dispuesto a lograr la división en lugar de perseguir el consenso y la tolerancia. Espacios irrecuperables Vivimos una crisis de identidad en la medida que siendo conscientes de que todos formamos parte de una misma nación, hemos dejado espacios irrecuperables y cosechado derrotas difícilmente reversibles ante el nacionalismo más radical, cediendo cada vez más competencias del Estado a favor de las comunidades autónomas hasta el punto de haber conseguido desnaturalizar el papel esencial del poder central en una Nación como la nuestra, que cuenta con una historia casi milenaria de unidad política y territorial. Vivimos una crisis de autoridad que se pone de manifiesto cada vez que ante una amenaza, chantaje o atentado el Estado se pliega a los intereses de los delincuentes y margina la defensa del interés general. Y esto ha ocurrido no sólo en casos como el del Alakrana o Haidar. La pérdida de autoridad, la cesión del estado de Derecho frente a quienes lo amenazan, se pone de manifiesto cada vez que un ciudadano español pierde sus derechos en alguna parte del territorio del Estado, como ocurre en Cataluña con la lengua. Vivimos una crisis de presencia internacional, como se ha puesto en evidencia cada vez que nuestro Gobierno ha tenido que resolver alguna crisis o ha tenido que acabar pidiendo casi de rodillas a alguno de nuestros aliados que se permitiera nuestra presencia en alguna de las cumbres internacionales. Llega hasta tal punto la vergüenza de nuestra política exterior que después de haber sido tan críticos con la política llevada a cabo por Aznar, hemos acabado cayendo en la misma servidumbre hacia Estados Unidos que hizo salir a la calle a todos los de la Secta de la Ceja, con la particularidad de que antes, al menos, éramos alguien a los ojos de Washington, y ahora no somos más que el ‘tonto útil’ de la Casa Blanca. Y así podríamos seguir hasta el infinito. Ésta es la realidad de España a 31 de diciembre de 2009, y seguirá siéndolo el 1 de enero de 2010, un año que amenaza con ser igual o peor que este, salvo que a Rodríguez le entre de pronto un subidón de sentido común y responsabilidad y convoque elecciones generales, cosa que no va a hacer, y mucho menos en el primer semestre en el que intentará explotar todo lo posible una Presidencia descafeinada de la UE. Pero Rodríguez es ya hoy un presidente bajo sospecha, un mentiroso compulsivo incapaz a estas alturas de asumir sus errores y de adoptar las medidas necesarias para salir de la crisis, medidas que trascienden de lo meramente económico para alcanzar la necesidad de un verdadero programa de regeneración de la vida pública. Sólo desde esa perspectiva es posible que este país supere la profunda crisis que atraviesa y que nos ha situado en la cola de Europa y convertido en una de las naciones menos fiables en el escenario internacional.

ARTÍCULO "UN AÑO PARA OLVIDAR Y UN PRESIDENTE BAJO SOSPECHA", PUBLICADO EN EL CONFIDENCIAL

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